El dominio de internet llamado Wikileaks, ha revelado documentos en los que EEUU presionó a la Audiencia Nacional mediante la embajada para frenar o boicotear casos judiciales, y el diario El País ha hoy publicado dichos documentos.
La embajada de EEUU ha desplegado estos últimos años importantes recursos para frenar o boicotear casos judiciales en los que se encuentran perjudicados militares y políticos , presuntamente involucrados en casos de torturas en Guantánamo, crímenes de guerra en Irak o secuestros en los vuelos de la CIA. El propio embajador, Eduardo Aguirre, nombrado por la Administración de Bush, dirigía personalmente las presiones ejercidas al Gobierno español, con el apoyo de contactos importantes como, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y varios fiscales de la Audiencia Nacional, especialmente su jefe, Javier Zaragoza.
Esta información se ha sabido gracias a la publicación en la página de Internet Wikileaks donde se han publicado documentos sobre todas estas intervenciones en casos judiciales que perjudicaban a EEUU. Entre estos casos, se encuentran la muerte del cámara gallego José Couso en Bagdad el 8 de abril de 2003 por disparos de un tanque estadounidense, con su correspondiente querella presentada el 29 de mayo de 2003; y el traslado ilegal a Guantánamo de supuestos terroristas en aviones que hicieron escala en España, un caso que llegó a la Audiencia el 12 de junio de 2006.
En ambos casos, los informes secretos muestran que la embajada contó con buena información sobre la marcha de las causas judiciales y con la colaboración de autoridades del Gobierno, así como del fiscal general del Estado y los fiscales Javier Zaragoza y Vicente González Mota. Para conseguirlo, el embajador y colaboradores suyos presionaron a ministros y responsables de Exteriores o Justicia, visitaron a altos cargos de la Audiencia Nacional en sus propios despachos, se reunieron con jueces y utilizaron las visitas de políticos estadounidenses a España para intentar que los procedimientos judiciales naufragaran.
Los familiares del cámara de Telecinco van a emprender acciones legales tras la publicación de los documentos en todos los medios de comunicación.
Estas actuaciones también se han producido tras la apertura en 2009, también en la Audiencia, de un tercer procedimiento judicial por torturas en Guantánamo. En otros documentos, de acuerdo con las versiones recogidas en los informes de la embajada, los fiscales explican a diplomáticos estadounidenses cómo actuar para entorpecer actuaciones de los jueces.
La embajada también mantiene contactos con jueces españoles, aunque en los informes secretos figuran escasas referencias. Los documentos también reflejan un encuentro del embajador Aguirre con Garzón el 14 de diciembre de 2007. Garzón aconsejó al embajador en esa entrevista, según el documento, que contactara también con otros jueces de la Audiencia como Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Fernando Grande-Marlaska, Fernando Andreu y Juan Del Olmo.
Las conexiones de la embajada con los fiscales de la Audiencia para tratar asuntos sensibles para EE UU han ido en paralelo a las mantenidas con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. La ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el ex secretario de Estado de Justicia Julio Pérez Hernández y los altos cargos de Exteriores Ángel Losada, ex secretario de Estado; Agustín Santos, ex jefe de Gabinete de Moratinos; o los directores generales Luis Felipe Fernández de la Peña o José Pons han sido algunos de los interlocutores del embajador y de sus colaboradores.
http://www.elpais.com/articulo/espana/EE/UU/maniobro/Audiencia/Nacional/frenar/casos/elpepuesp/20101130elpepunac_1/Tes#
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